“El que no dice la verdad se hace cómplice de los mentirosos y falsificadores”: Charles Péguy / En opinión de Lilia Arellano

Redacción MXPolítico.- Por primera vez en este siglo, un miembro del gabinete presidencial ingresó en la cárcel por un escandaloso caso de corrupción. Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Sedesol y la Sedatu, quien cuenta con una larga lista de fraudes e irregularidades en su carrera política, fue ingresada a la prisión de Santa Martha Acatitla la semana pasada. Un juez federal encontró elementos para procesarla por ejercicio indebido del servicio público y por causar al erario un quebranto de 5 mil 73 millones de pesos cuando se desempeñó al frente de esas dependencias en el régimen de Enrique Peña Nieto.

Este proceso penal es inédito no solo por ser la primera ex secretaria de Estado de la administración anterior en comparecer y ser arrestada, sino porque su caso apunta a implicar a su jefe, el ex presidente Peña Nieto, tarde o temprano. El mexiquense ha sido vinculado a cuatro polémicos casos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada en los últimos meses: el del ex director de Pemex, Emilio Lozoya; el de su abogado Juan Collado; el del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte; y el de la “Estafa Maestra” de Rosario Robles y toda una red de funcionarios de primer nivel involucrados.

Por lo pronto, otro presunto implicado es José Antonio Meade, sucesor de Robles en Sedesol, quien fue advertido en el Acta de Entrega-Recepción de las irregularidades detectadas en esa secretaría por la Auditoria Superior de la Federación, pero el también ex candidato presidencial de la coalición encabezada por el PRI en el pasado proceso electoral no sólo encubrió las irregularidades, sino que dejo intacto el esquema de la llamada “Estafa Maestra” y permitió siguiera operando.

Además, Emilio Lozoya Austin, ex titular de Pemex, sigue prófugo con dos órdenes de aprehensión en su contra, y su defensa mantiene la estrategia de empujar a declarar al ex mandatario mexiquense y Luis Videgaray Caso. A su vez, el equipo de defensores del abogado Juan Collado Mocelo, recluido en el Reclusorio Norte, inició la apelación en contra de la vinculación a proceso que se le dictó el pasado 10 de julio. Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A..(AHMSA), libre bajo fianza, sigue en esa condición su proceso en la fraudulenta venta de la Planta de Agronitrogenados a Pemex durante la gestión de Lozoya.

El ahora cuestionado juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna dictó a Robles Berlanga prisión preventiva justificada debido a su “falta de arraigo en la Ciudad de México”, por mentir acerca de su domicilio y porque existe el riesgo de que se dé a la fuga. La Fiscalía General de la República (FGR) acreditó que hace unos días tramitó una licencia de conducir con una dirección diferente al inmueble de Los Reyes Coyoacán, donde asegura que habita desde hace 24 años. También falseó información pues primero dijo que antes de comparecer se encontraba en Costa Rica de vacaciones y luego aseguró que fue a tomar un curso.

Su caso cobra mayor relevancia pues la defensa de Robles Berlanga argumentó que tanto el ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, sucesor de Robles en la Sedesol, como el propio Enrique Peña Nieto estaban al tanto de las irregularidades millonarias detectadas en su momento por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo cual podría llevar al ex mandatario y al ex titular de Sedesol a comparecer ante el tribunal, ya sea en calidad de testigos o incluso de indiciados, lo cual se convertiría en un hecho histórico en la administración y procuración de justicia en México.

Juan Manuel Portal, ex titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), confirmó EPN tuvo conocimiento de las irregularidades que se hicieron en Sedesol y Sedatu cuando Robles Berlanga estuvo al frente. En una reunión con el ex mandatario en 2017, Portal le advirtió sobre las múltiples anomalías en su administración; sin embargo, Peña Nieto sólo “tomó nota… pero no hizo nada”. Al ex presidente también se le expusieron las compras irregulares de las plantas de Fertinal y Agronitrogenados en Pemex, así como las acusaciones contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. 

De continuar por la vía hasta ahora observada los procesos legales en contra de ex funcionarios de la pasada administración, se cancelaría totalmente la especulación de la existencia de un acuerdo de impunidad entre el ex presidente priísta y el ahora titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador. Hasta el momento nada apoya esa hipótesis, a pesar de las acusaciones de diversas personalidades del PRI y PAN, pues se han ido revelando la redes de complicidades y encubrimiento e impunidad prevalecientes en los gobiernos federales anteriores, tanto del priísta como los dos encabezados por el PAN con Vicente Fox y Felipe Calderón.

Julio Hernández, abogado de la ex funcionaria, pidió al juez la duplicidad del término constitucional para que se defina la situación jurídica. Robles estará en el penal por lo menos dos meses, en lo que se realiza la investigación complementaria. Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Santiago Nieto Castillo, adelantó se prepara un nueva denuncia en su contra, pues en el Senado de la República se han detectado 105 convenios adicionales (por más de 800 millones de pesos) a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR) en la ex Sedesol.

Con fundamento en este descubrimiento se congelaron las cuentas de la ex titular de Sedesol. Además, la UIF solicitó información y apoyo a unidades de inteligencia financiera de otros países para la detección de montos financieros que hayan sido utilizados por Robles y sus principales colaboradores. Se tienen congeladas cuentas de siete personas por 12 millones de pesos y se sigue el proceso de análisis principalmente de localizaciones de empresas fachada, dijo Nieto Castillo.

Durante el proceso de esta desviación de recursos, explicó el titular de la UIF, “se utilizaron a las universidades vía artículo primero de la Ley de Adquisiciones a través de la adjudicación directa a empresas que tenían muy poco tiempo de constituidas, que tenían prestanombres, accionistas y que finalmente representaron una afectación al erario”. En la continuación de la audiencia inicial ante el juez de control en el Reclusorio Sur, la defensa de Robles Berlanga reveló que en la carta de entrega-recepción de la Sedesol, se informó a quien era su nuevo titular, Meade Kuribeña, que estaban abiertas algunas observaciones de la ASF que habría que solventar. Los abogados presentaron 32 datos de prueba, entre ellos, oficios, declaraciones de testigos, dictámenes periciales en contabilidad y la propia declaración de la su defendida, con lo que buscaron, inútilmente, no se vinculará a proceso a la ex funcionaria.

UIF VERTICE DE LAS INVESTIGACIONES

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se ha convertido en el abrelatas de la caja de pandora de la corrupción en los sexenios anteriores, apoyada por los reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y se ha utilizado tanto para bloquear las cuentas de los ex funcionarios investigados como para proceder a fundamentar las imputaciones para solicitar las correspondientes órdenes de aprehensión, por parte del Ministerio Público Federal, encabezado por Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República

Sin duda alguna, Peña Nieto se encuentra en la mira de la Cuarta Transformación, no sólo por el reciente caso de la denominada “Estafa Maestra”, con Rosario Robles como vértice de la misma, sino también con la investigación a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, y a Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), acusados en la fraudulenta operación de compra-venta de la planta Agronitrogenados. El expediente de Lozoya también está engrosado con el caso de los sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht, así como en el financiamiento ilegal a campañas políticas del PRI. Aunque el juez fijó dos meses para que la FGR complete sus pesquisas, es difícil que Rosario Robles obtenga su libertad, pues es seguro se acumularán más cargos. Las investigaciones del Ministerio Público por el desvío de más de 800 millones de pesos de la Sedesol y la Sedatu, entre 2014 y 2018, involucran a 60 ex funcionarios de ambas dependencias, se han iniciado cinco procesos penales y están en curso más de 20 investigaciones. Santiago Nieto, titular de la UIF de la SHCP, informó se han detectado otros 105 convenios irregulares entre la Sedesol y universidades, por lo que presentarán una nueva denuncia contra Robles Berlanga.

De acuerdo a los reportes del Ministerio Público Federal, hasta abril pasado se habían integraron 21 carpetas de investigación y se han obtenido seis vinculaciones a proceso. Tres ex servidores públicos participan como testigos colaboradores: José Antolino Orozco Martínez, María del Carmen Gutiérrez Medina y Marcos Salvador Infante, cuyas declaraciones permitieron al MPF acreditar que para llevar a cabo los desvíos de los recursos se utilizaron tres domicilios ubicados en la Ciudad de México, donde el ex oficial mayor de la Sedesol, Emilio Zebadúa, dirigía la falsificación de documentos de supuestos convenios, se llevaba a cabo la suplantación de firmas en los convenios y se acordaba la transferencia ilegal de recursos. 

Además de Rosario Robles, están sujetos a proceso: en la Sedatu, Enrique González Tiburcio, quien fue subsecretario, y Armando Saldaña Flores, ex director general de  Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo. También, Juan de Dios Nochebuena, ex rector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, y Gerardo Ávila García, ex secretario de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

AHUMADA, LIBRE

Otro de los célebres personajes salpicados en el proceso a Robles Berlanga es el empresario argentino Carlos Ahumado, de triste memoria en la política mexicana. Luego de su liberación en su país de origen, tras exhibir el acta de cierre de la auditoría de diciembre de 2018, sobre el ejercicio fiscal 2012, con observaciones solventadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no hay una venganza contra el ex dueño de Grupo Quart ni consigna en su gobierno para perseguir a nadie.

“Quiero dejar de manifiesto que no hay consigna para perseguir a nadie, todos los que nos hicieron daño deben de ser tratados con respeto y sobre todo, no deben utilizarse las instituciones para afectar a nadie, no tiene porque haber parcialidad, represalias”, destacó AMLO, quien aseguró no tiene rencores contra el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, sin embargo lo señaló como el padre de la desigualdad moderna. Recalcó no se aplicará la ley de manera facciosa para perseguir y encarcelar a adversarios y si hay denuncias éstas siguen su curso sin distinción.

Carlos Ahumada Kurtz, acusado de defraudación fiscal en México, fue liberado el domingo en Argentina por el juez quien había autorizado su captura. En nuestro país, como se lo referimos el lunes pasado, representantes legales de Ahumada reportaron el juez argentino liberó al empresario luego de que éste aportó como prueba el acta de cierre de la auditoría de diciembre de 2018, sobre el ejercicio fiscal 2012, con observaciones solventadas. El viernes de la semana pasada, la Fiscalía General de la República (FGR) informó Ahumada Kurtz tenía una ficha roja de la Interpol, por lo cual era buscado en 190 países por el delito de defraudación fiscal. La FGR refirió la investigación contra el imputado por extorsión, fraude específico y uso de documentos falsos en agravio de Rosario Robles, detenida por su presunta participación en la Estafa Maestra, inició en 2016 y fue retomada por la actual administración, por lo cual inició de inmediato el proceso de extradición.

“Quien fuera pareja sentimental de Rosario Robles y su cómplice en un gran número de operaciones financieras irregulares e ilegales tanto en la administración de la ciudad de México como en la dirigencia nacional del PRD, además de ex propietario de una constructora, del club de futbol León y del extinto diario El Independiente, entre otros negocios, también fue el autor de los video escándalos en los cuales se exhibieron actos de corrupción de operadores del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, difundidos con el fin de obstaculizar la carrera política del tabasqueño hacia la Presidencia de la República.

 “Ahumada, detenido el viernes pasado, acusó este lunes en un programa radiofónico a Rosario Robles y al abogado Juan Collado de iniciar en la administración pasada una persecución en contra de él y de su esposa Cecilia Gurza, quien ahora es investigada por un supuesto fraude de 2011. La carpeta de investigación por la cual fue detenido este fin de semana, dijo, fue realizada “a pedido expreso de Juan Collado y Rosario Robles”, así como otras dos en su contra y una más contra su cónyuge. La presunta persecución contra Ahumada y su familia se inició en el gobierno de Peña Nieto luego de intentar cobrar un pagaré de Rosario Robles y el PRD, y por la cual la ex titular de la Sedesol lo amenazó. “Através de varias personas Rosario Robles me mandó decir que si seguía insistiendo en querer cobrar el pagaré haría lo posible para destruirme a mí y a mi familia”, dijo el empresario argentino.

“La carpeta contra su esposa por un presunto fraude en el ejercicio fiscal 2011, basado en una opinión contable de la entonces PGR, fue retomada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Subprocuraduría fiscal. La indagatoria es por unos depósitos en su cuenta bancaria producto de los recursos obtenidos por la venta de un inmueble que tenía en Topilejo. Ahumada asegura tiene todos los documentos para transparentar la operación y así echar atrás la opinión contable”.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el pasado martes el proceso de extradición de Carlos Ahumada, iniciado en agosto de 2018, continúa su curso normal pues no ha sido absuelto. El empresario no puede ausentarse de su domicilio por un periodo mayor a 24 horas sin dar aviso al tribunal, debe presentarse dentro de los primeros cinco días de cada mes ante el mismo juzgado y tiene la prohibición de salir de Argentina. Y la Procuraduría Fiscal de la Federación indicó no ha sido cubierto el monto del Impuesto Sobre la Renta omitido, ni sus accesorios (recargos y multas).

NUEVAS ACUSACIONES CONTRA LOZOYA Y JUAN COLLADO

Respecto al prófugo ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien habría recibido 2.8 millones de dólares en sobornos por la compra en 2015 de Grupo Ferntinal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará en las próximas semanas nuevos cargos por lavado de dinero, soborno y malversación de fondos en su contra, de acuerdo con información difundida por el diario estadounidense The Wall Street Journal.

Dichos pagos ilegales se habrían depositado desde 2014 a una empresa fantasma en las Islas Vírgenes Británicas, controlada por Lozoya Austin. Por tratarse de delitos relacionados con las finanzas, la SHCP debe presentar una queja ante los fiscales mexicanos antes de presentar el caso a un juez.

Lozoya Austin enfrenta dos órdenes de aprehensión giradas el pasado 25 de mayo y el 4 de julio, respectivamente, por jueces del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. En la primera se le acusa de recibir recursos de procedencia ilícita para adquirir una casa en la colonia Lomas de Bezares, alcaldía de Miguel Hidalgo, por 38 millones de pesos. En la segunda, se le acusa de recibir recursos de Odebrecht y AHMSA, así como la compra  que hizo su esposa Marielle Helen Eckes de una casa en Ixtapa, Guerrero, por 1.9 millones de dólares.

Santiago Nieto Castillo, director de la UIF, informó ayer tienen listas otras siete denuncias en contra de los socios de Caja Libertad, entre los que destacan Juan Collado. En este caso han bloqueado las cuentas bancarias de 10 directivos de dicha caja de ahorro. En los nueve meses del actual gobierno federal, la UIF ha presentado 120 denuncias, con lo cual, superó la estadística de años anteriores que era de 113 procesos iniciados.

“EL SAPO” JAVIER DUARTE

De acuerdo a información de un diario capitalino, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ofreció a la FGR pruebas sobre el dinero desviado desde su administración estatal a la campaña del PRI y a declarar en contra de Peña Nieto y varios de sus colaboradores a quienes, dijo, también entregó dinero para fines electorales. 

La FGR, según Reforma, está esperando que el ex mandatario de el primer paso y presente las evidencias con las cuales dice contar. No es la primera vez que Duarte menciona públicamente al mexiquense, pero si la primera vez que se refiere a él como beneficiario de un presunto acto de corrupción.

El pasado nueve de julio, Duarte reveló a ese medio que Peña Nieto le obsequió una suma de dinero para ayudarlo durante su estancia en prisión. El dinero fue entregado por un amigo en común de EPN a su hermano Cecil Duarte, en una casa de la Ciudad de México.

MENOR CREACIÓN DE EMPLEOS

México resiente un largo periodo de desaceleración económica, muy cercana la recesión, la cual impacta en la generación de menos plazas laborales, especialmente en el sector industrial hundido en terreno negativo, particularmente en el área de la construcción, una de las principales fuentes de trabajo.

De acuerdo a los datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), entre julio del 2018 e igual mes de 2019, a nivel nacional se crearon 436,135 trabajos asegurados en el IMSS, mientras en el mismo periodo del año pasado la cifra ascendió a 77,022 plazas, una reducción de 43.9 por ciento.

Como consecuencia de las actuales condiciones económicas del país, sólo cinco entidades federativas registraron crecimiento en la generación de empleo formal en el séptimo mes del año, de acuerdo con datos de la STPS: Campeche Nayarit, Yucatán, Aguascalientes y Querétaro.

Por el contrario, Durango, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Guerrero perdieron plazas laborales durante el mes de julio. Las cinco economías estatales más grandes de la República: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz, las cuales en conjunto aportan 45.3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, registraron menor ritmo de crecimiento en la creación de trabajos asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Campeche, entidad petrolera, pasó de generar 3,279 plazas formales en el 2018 a 8,313 en el 2019, un aumento de 153.5%, en el lapso referido, como consecuencia de la diversificación económica, tras permanecer en una fase recesiva los últimos años por los bajos precios del crudo y la disminución de la producción de hidrocarburos. Nayarit pasó de generar 5,014 nuevos empleos a 9,534, un incremento de 90.1%; Yucatán,de 11,447 a 17,009, un aumento de 48.6%; Aguascalientes, de 17,785 a 21,133, es decir,  18.8% más; y Querétaro, de 33,016 a 34,386, esto es 4.1 por ciento más.

El sector automotriz impulsa el dinamismo laboral en Aguascalientes y Querétaro, pues las exportaciones de vehículos se han mantenido en terreno positivo durante el año, a diferencia de otras manufacturas cuyo desempeño no ha sido del todo favorable. El sector turístico favoreció a Nayarit -segunda entidad con mayor participación de centrales hidroeléctricas, lo cual ha impactado favorablemente a su economía- y Yucatán, donde se han implementado estrategias para aumentar la atracción de Inversión ExtranjeraDirecta.

Por el contrario, en el Estado de México, entre julio de 2018 e igual mes de 2019, inscribió al IMSS a 24,125 trabajadores, cuando un año antes ingresó a 77,782, es decir, una variación negativa de 69 por ciento. En Nuevo León, la falta de recursos federales desaceleró la generación de empleos formales, mientras en la Ciudad de México impactó el recorte de plazas del gobierno federal y el incremento de la informalidad. A Jalisco y Veracruz les ha afectado la merma del sector de la construcción.

DE LOS PASILLOS

El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en su llamado a los partidos políticos a devolver el 50 por ciento de sus prerrogativas, las cuales alcanzan los 5 mil 239 millones de pesos, con un incremento de 273 millones para el año entrante, cuando no habrá elecciones federales. Sin embargo, en lugar de llamar a la “buena voluntad” de los dueños de las principales franquicias políticas debe empujarse en el Congreso de la Unión otra reforma constitucional para reducir tan grosero financiamiento público a pandillas de vivales, mientras el resto del país resiente una sequía de recursos económicos, la cual eterniza la pobreza en territorio mexicano.

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